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Embargan bienes al Tribunal Superior de Justicia

Autor:

Península Digital

Fecha:

2010-09-17

Pese a la amenaza de embargo de los bienes que posee el Tribunal Superior de Justicia del Estado para amparar los 7 millones 425 mil 025 pesos que hasta el pasado martes fueron considerados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) como el monto del adeudo a los 13 trabajadores despedidos en julio del año pasado, el magistrado presidente del TSJE, licenciado Humberto Montiel Padilla, se negó a declarar al respecto afirmando que el asunto es judicial y no litiga en los medios.

Entrevistado para conocer el posible avance que tuviera el caso ante la decisión de los ex trabajadores de comenzar de inmediato el trámite para el embargo de los bienes, al considerar que el reclamo del pago de sus finiquitos es ignorado por el titular del Poder Judicial, Montiel Padilla se limitó a responder “eso sigue su curso legal y en su oportunidad, cuando la instancia correspondiente resuelva, que es el Tribunal burocrático, se informará, no antes”.

Y agregó “son asuntos judiciales y se litigan en los juzgados, no en los medios de comunicación”.

Dado lo anterior, cabe recordar que el pasado miércoles 8 de septiembre, los 13 ex trabajadores del Poder Judicial despedidos por Montiel Padilla, entre los meses de julio y agosto del 2009, explicaron que en la audiencia sostenida el martes anterior en la JLCyA, el abogado René López Lugo, contratado de manera particular por el propio magistrado presidente del TSJE, argumento que por el momento no había dinero para el pago de la indemnización, misma que hasta ese día ascendía a poco más de 7.4 millones de pesos.

Abundaron que ante esta justificante, acordaron que su abogado defensor, Daniel Gallo Rodríguez, promueva de inmediato el embargo de bienes propiedad del TSJE que garanticen el pago total de lo reclamado, ya que indican que por una parte Montiel Padilla sostiene que no tiene recursos paga cumplir con su obligación conforme a derecho, y por la otra contrata de manera particular a un abogado para que lo defienda, lo que consideraron es una incongruencia cuando el Poder Judicial tiene sus propios abogados.

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